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| La Consejera de Hacienda haciendo de las suyas. Foto El Pais. |
La bajada de las cotizaciones de la Junta de Andalucía a la Seguridad Social por sus trabajadores, aplicada a partir de la nómina de julio, terminará en los juzgados, como ya acabó una decisión similar aplicada en 2010 por el Servicio Andaluz de Salud y pendiente de resolución de un recurso Contencioso-administrativo.
Durante la rebaja salarial ordenada por Zapatero en 2010, se aprobó que no se tocaran las bases de cotización. En la última, aprobada por el PP a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, se corrigió en el BOE la orden inicial.
El presidente del sector sanitario en CSI-F, Javier Martínez, informó ayer que su sindicato va a recurrir judicialmente la medida, como ya hizo en 2010, por considerar que la corrección no permite la aplicación. Además, van a trasladar la rebaja a la fiscalía por si pudiera considerarse prevaricación.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (SAFJA) también denunció ayer ante la fiscalía un posible delito de fraude a la Seguridad Social.
La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, insistió en que la medida es “injusta”, motivada por los recortes “impuestos” por el Gobierno central y reversible. “Obligan a las comunidades a adoptarlas. Comprendo las reacciones de los representantes de los trabajadores y espero que podamos encontrar una senda de entendimiento con ellos”, indicó Díaz.
El representante del sector sanitario de CSI-F explicó que una nómina del Grupo A del SAS, correspondiente a un trabajador con licenciatura, ha pasado de cotizar 2.927 euros a 2.572 euros en julio. A esta cantidad hay que restar la parte que aporta el trabajador, que es proporcional a la base de cotización y que, al haberse reducido esta, también es menor. Por lo tanto, se reducen las prestaciones que dependen de esta base: pensiones, paro, enfermedad, accidente, lactancia o maternidad.
Para quienes cotizan el máximo, la medida no es relevante. Pero aquellos que están al límite, como auxiliares, interinos, enfermeros o celadores, pueden pasar a cobrar cantidades significativamente menores.
Por contra, el SAS, según los cálculos del CSI-F, evitará pagar a la Seguridad Social unos 20 millones en los últimos seis meses del año. “Pero a costa de los mismos”, lamentó Martínez.
Por su parte, la denuncia de SAFJA ante la Inspección de Trabajo y la fiscalía va contra la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, por posibles delitos de defraudación a la Seguridad Social y prevaricación.
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