Publicado el 26 de noviembre de 2012 por Liberty Cravan
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PRIMERA JORNADA DE HUELGA EN LA SANIDAD MADRILEÑA Los sindicatos sanitarios cifran en el 85% el seguimiento de la huelga en Madrid Los sindicatos han cifrado en un 85% el seguimiento en las primeras horas de la huelga de dos días en la sanidad pública madrileña a la que están llamados un total de 75.000 trabajadores. Los servicios mínimos cuentan con el mismo personal de los domingos y festivos. Si quieres ver la noticia en la Sexta, pincha aquí.
Sanidad pública madrileña, reacciones frente al expolio
La huelga de dos días en la sanidad
pública madrileña está teniendo un altísimo seguimiento. Aproximadamente
el 80% de los 75.000 trabajadores del sector llamados a hacer huelga ha
respaldado la convocatoria de lucha contra la reestructuración
planteada por la Comunidad de Madrid. Esto se ha dejado notar durante
toda la jornada, a pesar de unos servicios mínimos del 35%. El paro
continuará mañana y se repetirá los días 4 y 5 de diciembre. Asímismo,
la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) convocó con
anterioridad una huelga de cuatro días que se prolongará hasta el
jueves.
El principal motivo de esta huelga es el
previsible despido de más de 8.000 trabajadores interinos y eventuales
de los hospitales y centros de salud madrileños. Despidos que son solo
la primera de las consecuencias de los salvajes recortes impulsados por
el gobierno de la comunidad: Privatización de la gestión de seis
hospitales construidos en 2008 y 27 centros de salud, concentración de
los laboratorios en solo cuatro centros, transformación del hospital
Carlos III en centro de media y larga estancia… El plan, por tanto,
supone un cambio radical en el modelo sanitario, dirigido plenamente
hacia la privatización. Los carteles de protesta, en forma de esquelas
para la sanidad pública con la fecha de presentación del plan, cubren
las paredes de los recintos sanitarios.
El gobierno de Ignacio Gonzalez Pons no
hace sino continuar con la funesta política de desmantelación sanitaria
que comenzó su predecesora, Esperanza Aguirre. Esta, en sus nueve años
en el cargo, abrió diez hospitales, pero ninguno del Gobierno regional,
que solo se encargaba del personal. Tres comenzaron siendo desde un
principio de gestión privada. Los otros siete son propiedad
de constructoras, inmobiliarias, empresas de gestión sanitaria con
bancos como accionistas y fondos de capital riesgo con sede en
Luxemburgo. Todos ellos cobran a la Comunidad un canon por su
gestión. Ahora, seis de estos siete centros (todos excepto el Puerta de
Hierro) pasarán a ser enteramente privados. Los restantes,
externalizarán todos los servicios no sanitarios. Además se privatizarán
por primera vez el 10% de los 400 ambulatorios de la comunidad.
Esto supone además que, los empleados
que no sean despedidos, dejarán de ser empleados públicos para pasar a
ser personal de las empresas concesionarias, principales beneficiadas de
la reestructuración. La idea es que cada vez más la administración paga
a entidades privadas para que gestionen los hospitales, lo que supone
un trasvase de dinero del sector público al privado, dejando la gestión
de la sanidad en manos de unas lógicas mercantiles que en la mayoría de
casos se oponen a las necesidades de los usuarios de la sanidad. No por
casualidad en 2008, el entonces consejero de sanidad Juan José Güemes,
en una jornada en el hotel Ritz titulada “Aproveche las oportunidades de
negocio para su empresa”, contestó a las preguntas de los empresarios
sobre la posible gestión privada de los centros de salud.
Las evidencias más claras de este
expolio a la sanidad pública, además de la propuesta del euro por
receta, las sufrirán los pacientes del Carlos III, especializado en
enfermedades infecciosas y tropicales, y La Princesa, un centro general
con cerca de 40 especialidades. El primero se convierte en centro de
media y larga estancia, mientras el segundo pasa a especializarse en
geriatría. Con todo, las protestas en defensa de este último han logrado
en los últimos días evitar que La Princesa dejase de atender a otro
tipo de pacientes, como pretendía el Gobierno de González Pons.
Consecuencias menos evidentes son, por
un lado, el encarecimiento del servicio (la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública denuncia que los convenios cuestan
a los madrileños entre 7 y 8 veces más que los centros públicos). Por
otro lado, el negocio que se contruye sobre la salud de los madrileños.
Sobre los beneficiarios de la privatización de la sanidad pública,
recomendamos leer este artículo del diario digital Público, que extiende la información sobre quién se beneficia realmente de esta reestructuración.
Por último, merece la pena destacar la
vehemencia con que el PP ha contestado a las críticas vertidas en contra
de este plan, incluyendo una campaña contra la huelga sanitaria
mediante un video en Youtube. Parece ser que el enriquecimiento y los
negocios de unos pocos a costa de la salud y los ahorros de la mayoría
bien merece estas tácticas.
Artículo de la revista digital regeneración libertaria
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