viernes, 15 de junio de 2012

Documento de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública



NOTA del Blog: reproducimos las noticias que recibimos, sin que necesariamente estemos de acuerdo con ellas. La opinión del blog, cuando se expresa, así se especifica.
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ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA DE SEVILLA (ADSP)

Antes de cualquier posición o propuesta, es necesario considerar las siguientes premisas:

    1. El gobierno de España, en el real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ha procedido a introducir un cambio de modelo sanitario en el que se altera el derecho a la atención sanitaria como condición de ciudadanía, sustituyéndolo por la una posibilidad contractual derivada del aseguramiento.
    • De este cambio se derivarán profundas modificaciones en las garantías públicas, en las relaciones entre las personas que proveerán servicios y quienes los recibirán, en la responsabilidad de quienes gestionarán los servicios y en la capacidad del sistema para la planificación y la mejora de la atención.
  • Este cambio supone la ruptura de un pacto social por el estado del bienestar que constituía uno de sus logros más brillantes, especialmente grave en la exclusión de personas, la reducción de prestaciones o su vinculación a la capacidad de pago.
    • Esta ruptura se produce sin mandato ciudadano ya que no constaba en ningún programa de gobierno, no se ha debatido ni sometido a referéndum.
    1. Los recortes presupuestarios en materia de sanidad y en otras partidas sociales no están justificados en un país donde la presión fiscal es muy inferior a la media europea y el fraude muy superior, y donde se rescatan bancos pésimamente gestionados por clientelismo político.
    2. El gobierno andaluz posiblemente no ha tenido más remedio, por el dramatismo y la urgencia con que se ha planteado, de aceptar el objetivo de déficit y ver así condicionadas sus políticas para el ejercicio 2012-2013, dado que carece de recursos propios en cuantía suficiente. Sin embargo, es un deber no resignarse al déficit como única alternativa e intentar replantear el escenario para más adelante, en especial si la situación internacional motivada por el resultado de las elecciones en Francia y otras circunstancias lo permite.

Dicho lo anterior, la ADSP de Sevilla exige al nuevo gobierno andaluz:
  • Que los recortes económicos necesarios para la sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz se relacionen más con la desfinanciación de productos farmacéuticos, actuaciones clínicas u otras tecnologías claramente no costo-efectivas, así como en la reducción de estructuras de gestión innecesarias. La des-financiación de tecnologías obsoletas no afecta a la salud (incluso la puede mejorar) y puede permitir menores recortes en los salarios de los profesionales.
  • Que son necesarias actuaciones ejemplares en el recorte de los gastos asociados al ejercicio de la política, quizás no relevantes por su cuantía económica pero sí por su valor simbólico, en un momento de descrédito absoluto de la política entre la ciudadanía.
  • Que las medidas sean decididas y trasmitidas a la población de forma suficientemente participativa y transparente como para que los colectivos profesionales y la ciudadanía tome conciencia de la necesidad, la pertinencia y la justicia de las mismas. En este sentido la rectificación de la puesta en marcha del decreto y su negociación con lo sindicatos ha sido un paso positivo. Hay que tener en cuenta que el colectivo de profesionales sanitarios se enfrenta a un deterioro de sus condiciones de trabajo con aumento de cargas, reducción de remuneraciones y, pese a lo anunciado, amenazas de pérdida de empleo. Hay que tener en cuenta que las incertidumbres y la desconfianza que están prendiendo en el colectivo de profesionales pueden generar reacciones que hacen temer por la calidad de la asistencia y que pueden que pueden contribuir a que se deteriore aún más el funcionamiento del sistema
  • Que se establezca un plan de seguimiento de la aplicación de las medidas, porque si bien es acertado haber elegido el mantenimiento del empleo como línea roja del recorte, esto debe ser efectivo, evitando, como ya ha empezado a ocurrir que determinados gestores, aprovechando el incendio producido, estén ya aplicando medidas de reducción de recursos humanos en el ámbito local, como la no renovación de eventuales, la eliminación de las plantillas de continuidad y otros ejemplos.

También, la ADSP de Sevilla quiere hacer algunas consideraciones sobre la lucha reivindicativa de los profesionales:

  • La justificada indignación de los profesionales debe pasar por exigir más y mejor sanidad pública, al igual que los profesionales de la enseñanza se están movilizando bajo la bandera de la escuela pública. A la indignación de los profesionales por los recortes se suma la indignación por una gestión muy clientelista y politizada que tiene su mayor expresión en el sistema de calidad y acreditación, percibido por todos, incluidos los gestores, como perfectamente inútil.
  • Sin embargo es necesario no confundir la movilizaciones contra los recortes y la insatisfacción por el modelo de gestión, con la estrategia de determinados sindicatos corporativos que están aprovechando la indignación, no para luchar contra los recortes, sino contra el modelo de sanidad pública. La realización de programas de promoción en salud en atención primaria, la asistencia a la formación, el registro de la actividad, en definitiva, el trabajo hecho con calidad es la esencia de nuestro sistema de salud y no puede ni debe ser suspendido.
  • Los ciudadanos tienen derecho a que les atendamos con los mejores estándares tal como hemos venido haciendo, mientras las cargas de trabajo (que hay que recordar que aún no han cambiado) lo permitan. El mantenimiento de la calidad de la atención sanitaria es un bien moral al que tanto profesionales como ciudadanos tienen derecho, siendo un requisito ético el compromiso de contribuir a mantenerla.

Sevilla, 8 de junio de 2012

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