Versión de la Administración de la reunión del 12 de Junio

Manifestación de sindicalistas frente al 

Palacio de San Telmo el 12 de junio

Foto Correo de Andalucía

Más de 2'000  personas convocadas por ANPE, SAE, SATSE, Sindicato Médico y otras centrales, se manifestabam ayer en contra de los proyectados recortes.

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Noticia de El Correo de Andalucía

La Junta aceptaba rebajar la reducción del 15% en la jornada laboral y el salario de los interinos y dejar exentos del tijeretazo a los empleados públicos que cobran mil euros.

El Gobierno andaluz planteó ayer tres propuestas a los sindicatos de la Función Pública para "flexibilizar el plan de reequilibrio financiero". Las tres medidas se centraban en la partida más delicada, el recorte de 777 millones en las nóminas de los empleados públicos. La cifra global, como reiteró ayer por enésima vez el portavoz de la Junta, es "inalterable", por mucho que el vicepresidente Diego Valderas haya sugerido que hay margen para "aminorarla", o que IU asegure tener un plan alternativo que permitiría rebajarla en cien millones. Pero la Consejería de Hacienda sí aceptó introducir cambios dentro de ese margen para que "el impacto" del ajuste "afecte lo menos posible al personal de la Junta que está en rentas más bajas".

Las tres propuestas son: recortar más los salarios de los funcionarios que más cobran para dejar intactas las nóminas de los que ingresan menos de mil euros; "flexibilizar la posición inicial respecto a la jornada de los interinos", esto es, que la reducción de la jornada y el salario no fuera del 15%, como se planteó al principio, sino inferior, y por último acordar "algún tipo de reversibilidad y temporalidad" a estas medidas, cuando la recuperación de la economía lo permita.
Estas propuestas, que los sindicatos han defendido en los últimos días, fueron llevadas ayer al ámbito de negociación, la mesa general de la Función Pública, donde están representados CSIF, CCOO y UGT. Pero después de una hora, los tres sindicatos se levantaron de la mesa, dieron por rota la negociación y anunciaron un recrudecimiento de las movilizaciones contra el plan de ajuste. Las tres organizaciones acusaron a Hacienda de hacer "un paripé", de ofrecer "más de lo mismo", de "no dar contrapartidas" ni "proporcionar datos sobre el impacto presupuestario que tendrá el plan de ajuste en cada consejería". CSIF, el de más peso entre el funcionariado, quiere aglutinar ahora a todas las fuerzas sindicales, con o sin representación, para hacer más fuerte su rechazo a los recortes.

Esto estaba ocurriendo ayer, mientras el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, anunciaba en San Telmo que "las negociaciones van por buen camino, en un clima de entendimiento", y que el plan de ajuste se aprobará antes de que finalice el mes. Tal es la falta de sintonía entre el Gobierno y el personal de la administración: médicos, profesores y personal de Justicia, que horas más tarde se manifestaron ante la sede de la Junta.

La reacción de los sindicatos de la Función Pública enfureció a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. "Estoy sorprendida por la actitud sindical. Con carácter inmediato voy a convocar una nueva mesa de negociación que presidiré yo misma con los máximos responsables de la Función Pública", aseguró. La reunión será previsiblemente el viernes, aunque la Ley de Procedimiento Administrativo da un margen mínimo de 48 horas para temas de urgencia.
El plan de reequilibrio financiero fue aprobado hace tres semanas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y contiene un recorte salarial de 777 millones que es inapelable. Lo es por la aplicación obligatoria de una medida estatal: el aumento de la jornada laboral de los empleados públicos, de 35 a 37,5 horas semanales. La Junta sostiene que si ejecutase esa medida a rajatabla tendría que prescindir de 24.000 trabajadores. La alternativa para amortiguar el efecto que tendrá en el empleo consiste en rebajar salarios y reducir la jornada a los interinos para repartir "solidariamente el daño". "La alternativa es despedir. Creo que cualquiera prefiere perder algo de su nómina antes de que echen a un compañero. Entre todos tenemos que cooperar, porque el Gobierno de España no nos ha dejado salida", dijo ayer Vázquez.
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